Sanidad de Madrid aclara en una nueva circular que las prescripciones a las personas en “situación irregular” se harán en “receta blanca”

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El cambio de Gobierno en algunas autonomías tras las elecciones de mayo ha dado lugar a que en comunidades autónomas como Valencia, Baleares, Aragón, Cantabria, se cuestionase la suspensión de la asistencia universal de RDL 16/2012, y se facilitase tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin documentación. Madrid, gobernada por el Partido Popular, se unió a esta tendencia, en este caso, por imperativo de la proposición no de ley en la Asamblea de Madrid del día 23 de julio, votada por el PSOE y Podemos, con abstención de Ciudadanos y voto en contra del PP, que obligaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a universalizar la asistencia igualmente.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Sanidad, en primer término, se amenazó a las comunidades autónomas que estaban distribuyendo tarjetas sanitarias, con multas millonarias por parte de la Unión Europea. En segunda instancia, y visto que estas amenazas no surtían efecto, el gobierno central cambió de estrategia, y propuso que se estableciera un sistema común de atención a los indocumentados en toda España.

Mañana, 2 de septiembre, se celebra la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud, a la que están convocadas todas las comunidades autónomas por el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita “armonizar la atención sanitaria que están dando las comunidades autónomas a las personas en situación irregular, de forma que se dé una solución seria y consensuada igual en todo el territorio sin volver al turismo sanitario”. No obstante, no cabe esperar cambios de calado en la política marcada por el Gobierno del PP cuando ayer el ministro Alonso, en declaraciones a RNE -de las que se hacen eco EL BOLETÍN yREDACCIÓN MEDICA, entre otros medios- calificaba de “disparate” dar tarjeta sanitaria a los inmigrantes y precisase que la regulación respecto a este asunto es competencia “nacional”.

En la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria ha enviado a los directores de los Centros de Salud, hasta el momento, tres instrucciones, con fechas del día 21, 24 y 28 de agosto. La primera circular, con indicación de que se preste “todo tipo de Asistencia Sanitaria recogida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud a todas las personas inmigrantes con o sin documentación, en tanto en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas y se elabore el documento acreditativo que les de derecho a la asistencia sanitaria”, fue criticada por AMYTS por su “ambigüedad” y “falta de explicación de cómo debían actuar los profesionales”. Tres días después de esa denuncia, desde la Consejería de Sanidad se remitió otra nota a los directores de Centros de Salud aclarando que: “En tanto se promulga (la norma) aquellos extranjeros que acudan a los Centros de Salud solicitando dicha prestación, que estén empadronados en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid y que no tengan derecho a la asistencia sanitaria por otro título de aseguramiento, se incluirán en Cibeles con el tipo de ciudadano TIR (Transeúnte sin permiso de residencia) asignándoles los profesionales sanitarios correspondientes”. Finalmente, el pasado viernes, día 28 de agosto, la DG de Coordinación de la Asistencia Sanitaria rectifica nuevamente sus anteriores comunicados y añade normas sobre el procedimiento, dejando claro que “De momento, las prescripciones farmacéuticas no se podrán realizar en receta médica oficial, por lo que las mismas deberán realizarse, si fuesen necesarias y de manera transitoria, en receta blanca”. Asimismo, informa del nombramiento de Jesús Vázquez Castro como persona responsable de la coordinación de todas las actuaciones referentes a este tipo de asistencia.

En declaraciones a distintos medios de comunicación (entre ellos EFE, EUROPA PRESS, -con ecos en ESTRELLA DIGITAL, LA RAZÓN-, LA SEXTA…) fuentes de AMYTS, han detallado que la condición de “Transeúnte Sin Permiso de Residencia” (TIR) es una figura ya existente en la legislación que contempla casos de personas que acuden a los centros sanitarios sin documentación; han tildado la fórmula provisional empleada por la Consejería de Sanidad de “insuficiente” e instan al Gobierno regional a volver a la situación que existía en 2012, cuando estaba en vigor el decreto que regulaba la asistencia universal a cualquier persona. Exponen que ello debe acometerse por “razones humanitarias” y al sostener que en sanidad no se puede dar un trato distinto por el origen o la situación administrativa de las personas que solicitan asistencia.

(*1) Instrucciones de la DG de Coord. De la Asistencia Sanitaria, día 21, PINCHA AQUÍ.

(*2) Instrucciones de la DG de Coord. De la Asistencia Sanitaria, día 24, PINCHA AQUÍ.

(*3) Instrucciones de la DG de Coord. De la Asistencia Sanitaria, día 28, PINCHA AQUÍ.

Mañana, Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Sanidad

Por otra parte, mañana 2 de septiembre, se celebra la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud, a la que están convocadas todas las comunidades autónomas por el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de “avanzar en un acuerdo” que permita “armonizar la atención sanitaria que están dando las comunidades autónomas a las personas en situación irregular, de forma que se dé una solución seria y consensuada igual en todo el territorio sin volver al turismo sanitario”.

El pasado martes, en declaraciones a los periodistas, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso recordó “que ya se ha avanzado” con los anteriores consejeros en un acuerdo por el que “las personas en situación irregular deberán acreditar una situación de empadronamiento, los servicios sociales tendrán que determinar en qué situación está, y a partir de ahí formarán parte de un registro y podrán obtener un documento con el cual puede recibir esa asistencia, “documento que en ningún caso puede ser una tarjeta sanitaria”.

Fuentes: AMYTS, 01-09-2015; MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 25-08-2015

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