ASUNTOS LABORALES. Recurso europeo por la estabilidad en el empleo

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174 Via Europea 3x3 cm

Es difícil vivir con miedo, y soportar en silencio una situación de precariedad en el empleo, que solo genera angustia e incertidumbre. Pero más difícil es vivir instalado en el abuso y el fraude, forma habitual de actuar del Sistema Madrileño de Salud, que priva a los empleados sanitarios temporales de sus derechos estatutarios básicos y los mantiene en un régimen de precariedad en el empleo, que produce la explotación de estos empleados públicos como “mercancía sui generis” puesta a libre disposición de la Administración que los emplea.

El miedo se supera, pero quien actúa de forma abusiva, torcida o fraudulenta, no puede sino incurrir en responsabilidad, sin más opción que la de ajustar su comportamiento a la Ley.

El fin al abuso en las relaciones temporales ya está aquí, y viene impuesto desde la Comunidad Europea, a través de la Directiva Comunitaria 1999/70/CE, que proclama dos principios sociales básicos para el funcionamiento de la Unión Europea, persiguiendo:

  1. por un lado, garantizar la igualdad de trato de los empleados públicos temporales con los indefinidos o fijos, prohibiendo toda discriminación;
  2. y por otro lado, prevenir y castigar los abusos derivados de la utilización sucesiva de relaciones temporales de empleo, pues la estabilidad en el empleo se concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores.

Es un hecho que el Sistema Madrileño de Salud ha venido abusando de los empleados estatutarios temporales, en cuanto no los utiliza -como ordena y manda la ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud- por razones de necesidad y urgencia para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, sino que los utiliza para atender las necesidades sanitarias ordinarias del propio Sistema, de carácter permanentes y estructurales, supliendo así el déficit de empleados sanitarios fijos del que adolece el propio Sistema Madrileño de Salud, déficit que la propia Administración autonómica propicia y fomenta generando una bolsa de empleados sanitarios temporales que supera el 40% (y en algunos servicios hasta el 80%), pues con ello provoca un efecto de clientelismo y fidelización de estos empleados temporales en régimen de precariedad en el empleo, que viven eternamente amenazados, ya que la Administración puede cesarlos en cualquier momento, de forma libre y sin indemnización alguna.

Pero esta situación de abuso y fraude, esta “presión” sobre los empleados estatutarios temporales, tiene los días contados en el siglo XXI, puesto que es incompatible con la precitada Directiva Comunitaria, de aplicación prioritaria y preferente sobre el Derecho interno, y de obligado cumplimiento por las autoridades administrativas de nuestro país.

La responsabilidad de la Administración que ha generado -en su propio beneficio- y es la única causante de esta situación anormal, de esta perversión del sistema de empleo, es clara y diáfana, y frente a ella no hay opción, si la Administración autonómica quiere cumplir la legalidad europea vigente, y ajustar su comportamiento a la norma aplicable:

  1. En primer lugar, la Administración Autonómica tiene que poner freno a esta situación de abuso y fraude en las relaciones temporales a las que sujeta a los empleados estatutarios temporales de larga duración, aplicando las consecuencias estatutarias legalmente previstas para prevenir y sancionar esta situación de abuso, que no son otras que las que dotar a estos empleados temporales de larga duración de la necesaria estabilidad en el empleo, asimilándolos a lo que realmente son y conforme hasta ahora han actuado: a los empleados estatutarios fijos.
    Se trata de que la Administración garantice a los empleados temporales que llevan una serie de años prestando su trabajo de forma impecable en igualdad de condiciones -no así de derechos- con el personal fijo, la necesaria y bien ganada tranquilidad y estabilidad en el empleo, como sanción a los abusos padecidos.
  2. En segundo lugar, la Administración para ajustar su actuación a la Ley, una vez repuesto al personal actual en su estabilidad laboral, tiene que reformar sus propios sistemas de provisión, articulando mecanismos e instrumentos que le permitan efectivamente disponer de un cuerpo o colectivo de empleados sanitarios temporales que puedan atender, con la urgencia necesaria, necesidades temporales, coyunturales y excepcionales, mientras la plaza o puesto de trabajo se provee con un empleado estatutario fijo con la necesaria diligencia, superando la actual situación de abuso, en la que se destina a estos empleados temporales, sin límite alguno y durante años, a realizar programas permanentes y cubrir necesidades estructurales del propio sistema.

Lo que es evidente es que la situación actual, como decimos, tiene los días contados, en cuanto que está basada en la discriminación y en el abuso, lo que chirría en una sociedad avanzada y vulnera la normativa comunitaria sobre trabajo temporal.

Y la consecuencia fundamental para quien ha sufrido durante años esta situación de discriminación, abuso y fraude, acreditando mérito y capacidad en el desempeño de sus servicios profesionales, no puede ser otra que la que establece la propia Normativa Comunitaria: la transformación de su relación temporal en una relación de fijeza, que se comparezca con los servicios efectivamente prestados y con la necesidades realmente atendidas por estos empleados mal llamados temporales.

La salud del paciente no entiende de eventualidades o interinidades, ni el profesional sanitario entiende de enfermedades eventuales o interinas: solo hay un Servicio de Salud Pública del que todos estamos orgullosos y una situación estatutaria que afecta a gran parte de su personal del que sus responsables se deberían sentir avergonzados.

Es el momento de hacer ver a la Administración que no todo vale; que también ella está sujeta límites; que el cumplimiento de la Ley no es negociable; que los derechos de los empleados están por encima de cualquier potestad de control; y que el abuso no es gratuito y tiene sus consecuencias. Hay que despréndanse de los miedos y actuar, pues solo actuando es posible transformar la realidad.

Javier Arauz de Robles
Arauz&Belda, Abogados

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