PROPUESTA OPE. Por una configuración adecuada de los Tribunales de oposición

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Una vez anunciada la fecha de las primeras pruebas selectivas para médicos de AP, para finales de 2019, ha comenzado el trabajo, en Mesa Sectorial, para configurar las diferentes convocatorias de las categorías que las precederán, y que indudablemente influirán en la elaboración de las que pongan en marcha los procesos para facultativos. Conviene aclarar que, aunque el proceso que está en marcha, conocido como “OPE nacional”, ha sido puesto en marcha por un acuerdo del gobierno central con las organizaciones sindicales mayoritarias de ámbito estatal, su desarrollo queda totalmente en manos de las Comunidades Autónomas, que asumirán (o no) las recomendaciones que surjan a nivel central. De momento, en lo que respecta a los facultativos, la Comunidad de Madrid ha asumido como fecha para las pruebas selectivas de las categorías de Médico de Familia y de Pediatra de AP las del año 2019 (noviembre y diciembre).

En la anterior entrega de esta serie ya hemos hablado de la importancia que damos, en AMYTS, a la transparencia y justicia del proceso selectivo, y recordamos la petición de AMYTS de que las preguntas de la prueba se elijan de forma independiente del Tribunal, a partir de una base de datos externa que puede ser mantenida por las sociedades científicas o por otros agentes, incluso de la propia Administración Pública, como recoge el Estatuto Básico de los Empleados Públicos en su artículo 61.4. Pero también nos hemos preocupado de hacer planteamientos alternativos a los de la Administración, debido a las múltiples dudas que los especialistas hospitalarios nos han transmitido sobre la imparcialidad de los Tribunales y sobre la caso absoluta seguridad de que no serían totalmente imparciales en su gestión.

En primer lugar, hay que aclarar que no entendemos este tipo de duda, y, sobre todo, no planteamos nuestra propuesta, desde la creencia de que los miembros de Tribunales vayan a incurrir sistemáticamente en prácticas corruptas. En absoluto. Como en todo colectivo, puede ocurrir que haya “ovejas negras”, y en estos casos (que aparecen aquí y allá en diferentes proceso sselectivos) corresponde actuar a la justicia con su dimensión tanto civil como penal. Pero no se trata de regular los Tribunales desde esta perspectiva.

Sin embargo, lo que sí queda claro en la legislación sobre Tribunales de acceso a puestos en la Administración Pública es que su funcionamiento ha de ser imparcial y profesional. La profesionalidad queda enfocada exigiendo el mismo nivel de titulación, o superior, al de la categoría de que se trate en cada momento, y una experiencia previa en el ejercicio de su profesión en el ámbito público (pues sólo pueden participar personas con contrato fijo en el mismo), debiendo valorarse también su idoneidad para enjuiciar los conocimientos de los opositores. Para la imparcialidad, en el ámbito general de la Administración Pública se toman todo tipo de medidas para evitar que puedan ser miembros de Tribunales aquéllos profesionales que hayan podido tener una relación directa con quienes concursan en el proceso, limitando el número de miembros del Tribunal que pueden proceder del “mismo cuerpo, Escala o Especialidad objeto de la selección”. Situaciones de coincidencia laboral, en un ambiente tan jerarquizado como el de las instituciones sanitarias, sobre todo las hospitalarias, y sobre todo si hay relación directa tanto jerárquica como docente, son proclives a sentimientos de propensión hacia unos candidatos y de distanciamiento hacia otros, que no son sanos ni para los miembros del Tribunal ni, sobre todo, para los opositores, pensando en la imparcialidad del proceso. De ahí la importancia de este tipo de limitaciones.

Sin embargo, ni el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ni el Estatuto Básico del Empleado Público recogen ninguna medida en esta dirección, a excepción, curiosamente, de quienes hayan podido participar en actividades de preparación a los procesos selectivos en los últimos cinco años. Parecería lógico pensar que la misma limitación debería afectar a quienes hayan tenido bajo su dirección o actividad docente a profesionales que se presenten como candidatos al proceso selectivo de que se trate. Pero no es así.

En AMYTS hemos tomado este tema como uno de los fundamentales a la hora de garantizar la imparcialidad del proceso. Es sorprendente que no se recojan en las convocatorias  instrucciones básicas que garantizarían la imparcialidad y equidad del Tribunal, y que sin embargo sí se recogen en la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, que suele aparecer citada en las mismas. De ahí que propongamos que, en orden a la imparcialidad y transparencia de funcionamiento del Tribunal, se incluya como causa de exclusión el ser o haber sido jefe de servicio durante los últimos cinco años en el mismo servicio o unidad funcional que cualquiera de los candidatos, o en cualquiera de las plazas que se puedan ofertar, para evitar cualquier tipo de vínculo que pueda afectar la labor del posible miembro del Tribunal en el proceso. La citada Orden 1285/1999 establece, además, que no podrán superar el 50% los miembros del Tribunal que pertenezcan al mismo Cuerpo, Escala o Especialidad , y además propone un sistema de Tribunal Central único para convocatorias emparentadas entre sí, como son las de los facultativos, más Juntas Especializadas para cada categoría específica, lo que reduciría el número de miembros de Tribunal necesarios para el conjunto de convocatorias, y el peso del presidente en cada una de ellas.

Y proponemos, al menos para esas convocatorias, que, por acuerdo en la Mesa Sectorial, se admita el nombramiento de algún miembro a propuesta de las organizaciones sindicales (y de las sociedades científicas médicas, de forma adicional, si procede). O, como mínimo, se admita algún observador externo procedente de las organizaciones profesionales y sindicales. Una garantía más en este amplio proceso que puede condicionar, tan intensamente, el futuro profesional de nuestros compañeros.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, responsable AMYTS de Formación y Desarrollo Profesional. Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

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