CON FIRMA. “Politización y colaboración público-privada en Sanidad”, por Miguel Ángel García

0
235 Miguel Angel García3x3 cm

En medio del fragor de la batalla sobre la carrera profesional, en torno a la cual se han multiplicado las valoraciones, me ha llamado la atención esta semana un titular con tono de queja según el cual la sanidad privada se consideraría “víctima de las políticas sanitarias populistas”, que estarían provocando la reducción del volumen de conciertos entre la Sanidad pública y la privada. Las quejas sobre la “politización” que, supuestamente, impide el crecimiento de esos conciertos y la participación de la sanidad privada en la reducción de las listas de espera no son, precisamente, una novedad en la cruzada lanzada por ésta para tratar de asentarse en el mercado sanitario nacional. Y cabe preguntarse, por el contrario, si no está politizada también la cantinela que insiste en los beneficios que, sin lugar a dudas según sus proponentes, aportaría la colaboración público-privada o, incluso, la simple y llana privatización de los servicios sanitarios.

Sin ninguna duda, hay politización por las dos partes, y de la mala: una politización que consiste en la reducción a blancos y negros, en la simplificación excesiva y en la caricaturización de la realidad. Pero, desgraciadamente, ésta es la política que se ejerce en España, y para muchos parece el único trasfondo sobre el que hay que acercarse a la realidad. Sin embargo, no deberíamos por ello renunciar a la profundización y reducir nuestras tomas de postura a la repetición de simplificaciones de ese estilo. Yo al menos trataré de no hacerlo.

Y esto viene al caso porque me parece que, como principio, no podemos asumir, de forma casi visceral, que la iniciativa privada tenga que ser mala por naturaleza. Ni buena tampoco. Lo que caracteriza a la iniciativa privada es precisamente el ser privada, el nacer de la iniciativa particular de uno o varios ciudadanos, y no de alguna estructura de gobierno de la sociedad; es sólo su origen, y no su bondad o maldad, ni sus resultados, lo que le da identidad.

El concepto de privacidad incorporó a la vida social, con pleno sentido, la existencia de un ámbito propio de cada individuo en el que la autoridad no podía entrar, y supuso un freno, por tanto, al absolutismo de los regímenes feudales y monárquicos que previamente podían usar (o abusar) libremente de esa autoridad para manejar a su antojo las vidas y posesiones individuales. El espacio privado, que en Aristóteles era concebido como el de la intimidad oculto al conjunto de la sociedad, para así a estar protegido como ámbito de iniciativa y desarrollo personal en el que el Estado no puede, o no debe intervenir. Desde esta perspectiva, es difícil dudar de la importancia de ese concepto y de este espacio propio y exclusivo de cada uno, así como de su peso en el desarrollo liberal de las sociedades occidentales.

El problema es que, a lo largo de los últimos siglos, hemos ido perdiendo conciencia de nuestra dimensión social, el otro gran pilar de la concepción aristotélica del ser humano. De ahí que el liberalismo haya ido dando paso, lentamente y de forma imperceptible, a la concepción individualista que hoy impera en nuestra sociedad. Según esa concepción, cada individuo se desarrolla a partir de sí mismo y sin reconocer, de forma constitutiva, los lazos que le ligan a la sociedad. El criterio individual y el beneficio propio se han convertido así en el elemento central y determinante de la actividad social y, con ello, de la actividad económica. Las reglas “públicas” han de ir cediendo siempre al dogma de la sacralidad de la iniciativa individual y privada, que siempre y en todo lugar ha de ser respetada.

Desde luego, que nadie interprete todo esto como una invitación a la destrucción, nuevamente, del ámbito privado a manos de la intervención estatal o social. Hay suficiente evidencia en contra de esta intervención, tanto en la historia antigua como en la más reciente de los regímenes totalitarios vividos durante el siglo XX en Europa (y los que continúan en otros lugares del mundo). Pero ello no quita que recuperemos el criterio social, el criterio del bien común, como criterio de orientación de la vida social y, con ello, de la actividad económica. Sólo la actividad económica orientada al bien común puede ser comprendida como “norma o administración de la casa”, oikos-nomos/nemein, puesto que la actividad económica orientada al bien particular se constituye más bien como una oligos-arkhía, un gobierno de los pocos que coloca como criterio orientador de la actividad social el de aquéllos que, por la propia dinámica de “mercado”, vayan obteniendo una posición privilegiada dentro del sistema. Que es, al fin y al cabo, lo que se difunde en las escuelas de “economía” y lo que da lugar a que nuestra economía financiarizada, cuyo único objetivo es maximizar el beneficio, lo acabe concentrando en pocas manos a costa de favorecer su aprovechamiento de los recursos de los demás.

Esto repercute de forma especial en el medio sanitario. Las experiencias de muchos profesionales que trabajan para la Sanidad privada, dando lo mejor de sí mismos, son muchas veces contradictorias y negativas, y con frecuencia expresan claramente que lo que importa de verdad es el beneficio económico, y que lo demás (incluyendo las condiciones laborales y retributivas de los propios profesionales) queda subordinado a ello. Aún más evidente es ésto cuando vemos que las empresas sanitarias son, con mucha frecuencia, filiales de entidades de inversión cuyo compromiso con la sanidad puede ser tan sólo temporal. Y si tenemos en cuenta los movimientos para conseguir a nivel internacional legislaciones que permitan a esas entidades denunciar a los gobiernos cuando se sientan perjudicados por las decisiones de estos, lo que queda claro es que el objetivo último de bien común, de servicio sanitario a la sociedad, queda cada vez más diluido.

Voviendo a la relación con los profesionales, sabemos que se produce una alta rotación de los mismos en los hospitales de gestión privada, que muestra a las claras el malestar con que viven muchos su relación laboral con la empresa. Muchas veces es difícil de casar el compromiso profesional de los médicos, que antepone la calidad de la atención y el trato con los pacientes, con los objetivos empresariales de los hospitales. Incluso, también con frecuencia, aún siendo públicos.

Se hace necesario recuperar la idea de bien común como idea orientadora de la actividad social y estructuradora de la gestión sanitaria, y hacerlo en equilibrio con lo que, ciertamente, es el tesoro del espacio y de la iniciativa individual y privada, de la iniciativa personal. Mientras esto no ocurra, y sólo puede hacerlo sanamente desde la educación y la concienciación social, muchos seguiremos dudando de la idoneidad de la iniciativa privada para gestionar adecuadamente bienes sociales públicos como la Sanidad. Y seguiremos prefiriendo, con todas sus limitaciones y problemas (como el de la desmotivación de los profesionales), la iniciativa pública, más rígida pero con más resortes y controles que mantienen su compromiso con el bien común, con el bien de la sociedad. Eso sí, cuidando muy seriamente que los intereses individuales de quienes la gestionan no perviertan y corrompan su fin principal. Porque, al fin y al cabo, la corrupción no es más que la introducción del interés privado en la iniciativa pública, consiguiendo con ello la desvirtuación de esta última.

La iniciativa privada no debería ser percibida, desde luego, como negativa, sino que habría de aportar dinamismo y creatividad a la actividad económica y social. Pero sólo cuando su marco moral de actuación sea el bien común. Hasta entonces, mejor no mezclar en exceso.

Y creo que comprenderán perfectamente que esto lo diga un médico, cuyo código ético y deontológico le obliga a colocar el interés del paciente al menos a la misma altura que el propio, y a considerar como criterio básico de su actividad profesional el bien de la persona, a cuyo servicio debe poner todo su conocimiento. Ojalá esto se pudiera decir de muchas otras profesiones.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Máster en Bioética y Derecho. Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

Compartir:

Deja una respuesta

¡Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en esta web! Si sigues navegando, consientes y aceptas estas cookies en tu ordenador, móvil o tablet. Más información sobre las cookies y cómo cambiar su configuración en tu navegador aquí.

x