CON FIRMA. “Los médicos de la privada menos protegidos frente a las agresiones”, por Eloy Cebrián

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201 Eloy Cebrian 3x3 cm

¿Es igualitario el trato dado a todo el personal sanitario en relación con los protocolos establecidos ante agresiones? ¿Tiene en mismo tratamiento un facultativo que trabaje para el Sistema Público de Salud que otro que lo haga en un sistema privado? ¿Desempeñando las mismas funciones y grado de responsabilidad gozan del mismo grado de protección? Claramente la respuesta es NO.

Desde la reforma del Código Penal de 2015, las agresiones físicas a personal sanitario son considerados “atentados a la autoridad”, importante avance, pero a todas luces incompleto. Para poder gozar de este rol el agredido debe desempeñar su actividad laboral en sistemas públicos. Incluso hay sentencias donde se dictamina que agresiones recogidas fuera del entorno laboral tipifican de igual modo.

Queda claro que no se ha pensado en un colectivo, el de la Medicina Privada. Agredir, insultar o menospreciar al personal sanitario es más barato en según que entorno.

Y entonces, ¿por qué este agravio comparativo? Entiendo que en algunos entornos laborales sea más fácil determinar quién es “autoridad”, concepto inherente al formar parte por ejemplo de los cuerpos de seguridad del estado, ya sean nacionales, autonómicos o municipales. Pero para otros colectivos como el sanitario o el profesorado se genera el ya citado conflicto. Y es aquí donde se genera la incomprensión.

Trabajar en ámbito de la Medicina Privada no puede menoscabar la dignidad de un profesional sanitario. Podremos debatir sobre el peso de la carrera profesional o del tiempo trabajado, de matices económicos, laborales y del entorno laboral, de multitud de aspectos que el propio trabajador acepta al firmar un contrato. Lo que no es cuestionable ni debe de serlo para nuestros legisladores es la figura del médico como autoridad, en general, y no supeditada a ningún condicionante.

Y hablo de legisladores, pues considero que la solución pasa por revisar y modificar la legislación vigente. Las Administraciones Públicas y las propias empresas establecen su protocolos de actuación ante la agresión, somos conocedores de los pasos a seguir en caso de ser agredidos, pero sin el amparo legal la pena impuesta al agresor es dispar. Esto no es justificable en un Estado de Derecho y en una sociedad donde la igualdad, en cualquiera de sus formas, es un principio máximo.

Valga esta reflexión para que, unidas nuestra voces, busquemos la solución para que la igualdad y la justicia abracen al sanitario independientemente de donde ejerza su actividad asistencial.

Eloy Cebrián Piñero
Médico de urgencias. Delegado AMYTS en el Hospital Sanitas-La Moraleja
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