Las agresiones a médicos aumentaron un 4% en 2017, con 515 casos

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El Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace ocho años, presentó ayer los datos de violencia registrados en 2017, que ascienden a 515 casos frente a los 495 del año anterior, lo que supone un aumento del 4%, manteniéndose el ascenso por tercer año consecutivo. Además, estos casos se consideran la punta del iceberg de la realidad de un problema que va más allá.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 3.429 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los siete últimos años, según los datos del Observatorio.

De los casos de violencia que se contabilizaron, el 12% de ellos acabó con lesiones, el 32% fueron insultos y el 56% amenazas.

Por lo que se refiere a los datos del último año, las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (122), Cataluña (98) y Madrid (84), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Extremadura, Cantabria y Andalucía.

Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 52% de los profesionales agredidos son mujeres (lo que supone un 6% menos que año pasado) y el 48% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, manteniéndose las cifras del año pasado en este apartado.

Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (53%), frente a la Hospitalaria (21%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 10% y un 16% cada una de ellas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias de Atención Primaria, alcanzando las 2,46 agresiones por cada millón de consultas.

De los agresores, el 59% son pacientes (el 27% son pacientes programados, el 28% pacientes no programados, el 4% pacientes desplazados) y el 41% acompañantes.

En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 40% se producen por discrepancias en la atención médica; el 10% por el tiempo en ser atendido; el 12% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 15% por discrepancias personales; el 10% por informes no acordes a sus exigencias; el 6% en relación a la incapacidad laboral; el 7% por el mal funcionamiento del centro; y el 15% por otras causas.

Del total de agresiones, en el 12% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 49% fueron físicas y el 51%, psíquicas y el 12% conllevaron baja laboral, cifra inferior al 16% del año anterior.

En 2017, desde el Observatorio se analizaron 59 sentencias, de las cuales, 43 fueron condenatorias; 8 absolutorias y en 4 se llegaron a acuerdos. 47 fueron falladas como delitos leves; y 25 como delito menos grave.

De todas ellas, a 19 se ha impuesto prisión y 13 conllevaron privación de derechos, inhabilitaciones y prohibiciones; y la mayor parte; 43, multas, en la mayoría de los casos, de una cuantía insignificante; 6 medidas de seguridad y otras 17 diversos tipos de pena. El análisis de estas sentencias muestra una gran variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones por lo que el Observatorio trabaja para que se unifique la tipificación judicial en todas las comunidades.

Madrid quiere que los profesionales del SERMAS sean autoridad pública

Según informa REDACCIÓN MÉDICA, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha abierto a consulta pública el anteproyecto de Ley de Autoridad de los Profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), un proyecto con el que el Ejecutivo pretende elevar las penas a quienes agredan a los sanitarios. Lo que pretende la normativa que ha puesto en consulta pública el Gobierno autonómico es otorgar a los sanitarios la categoría de autoridad. De esta forma, se establecería “un elemento disuasorio nada despreciable que contribuiría aún más a la erradicación de esas perniciosas conductas”, tal como señala el propio anteproyecto. (…) El plazo para comentarios y aportaciones se inicia este jueves y finaliza el 30 de marzo.

FuentesCESM, 15-03-2018 ; REDACCIÓN MÉDICA, 15-03-2018

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