La medición de resultados y el libre criterio de los médicos, claves para mejorar la accesibilidad y la equidad en el acceso a la innovación sanitaria

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Incluir la innovación sanitaria en los planes estratégicos de las administraciones, la transparencia en la evaluación de medicamentos y productos sanitarios y, especialmente, orientar la medición hacia el valor que aportan los nuevos tratamientos son las claves para proteger la innovación, según concluyeron los participantes de la jornada “La innovación en el ADN de un sistema sanitario eficaz y sostenible”, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) ayer en Madrid, que contó con la participación el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), José Javier Castrodeza. Asimismo, médicos, pacientes e industria sanitaria coincidieron en que es preciso garantizar la equidad en el acceso a la innovación y, sobre todo, los propios facultativos hablaron de la necesidad de seguir respetando el libre criterio de los médicos.

Opacidad en torno a los costes

Uno de los aspectos más controvertidos de la jornada, fue el relacionado con el impacto económico de la innovación. Así, si bien algunos participantes hicieron hincapié la necesidad de apostar por la innovación sanitaria como una inversión, no un coste, que genera efectos positivos en la salud de los ciudadanos y contribuye al progreso económico y social. También el subdirector general de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Carlos Lens, puso sobre la mesa la opacidad existente en torno a los costes de la innovación. Según afirmó Lens, la legislación más reciente sobre transparencia no permite conocer el impacto económico de la innovación. A pesar de que desde 2012 son preceptivos los informes de impacto económico de las innovaciones, tanto la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo, y la más reciente Ley 39/2015, con texto consolidado sobre procedimiento administrativo común, preservan la confidencialidad para los interesados, laboratorios y Administración, de los expedientes de evaluación. De forma que “la Ley de Transparencia impide hacer públicos los informes, si la compañía farmacéutica titular no lo permite” -concluyó el responsable ministerial.

FuentesCÁMARA DE COMERCIO DE EEUU EN ESPAÑA (AmChamSpain), 07-11-2017; ACTA SANITARIA, 07-11-2017

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