Imputados cuatro altos cargos de Sanidad por presunta prevaricación en la licitación de las ambulancias

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El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a varios cargos de la Consejería de Sanidad para que declaren como querellados en el proceso abierto sobre un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA -informan EUROPA PRESS y numerosos medios de comunicación.

En una providencia fechada el 21 de febrero se cita para el próximo 2 de abril en calidad de investigados al actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortes. A su vez, el juzgado también se cita en calidad de testigos a cinco integrantes de la mesa de contratación de los expedientes administrativos. También se solicita al querellante que aporte más detalle de la mora en el pago de las facturas por transporte de enfermos programados, para además dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía por si estima oportuno practicar alguna diligencia de investigación.

La querella, admitida a trámite en enero, fue interpuesta por Ambulancias Alerta tras perder la adjudicación debido a “la inviabilidad técnica y económica” de su oferta para cumplir con el servicio contratado, según explicó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Los pliegos se referían al transporte sanitario en ambulancias que tenían “como destino u origen los servicios de urgencias hospitalarias” y la de “transporte sanitario programado”. Dado que Alerta ya acumulaba incidencias por incumplimiento del servicios, Sanidad le requirió un informe complementario para acreditar la viabilidad de su propuesta, que ésta no entregó retirando finalmente la oferta, motivo por el cual se propuso la contratación de Ferroser, “tras constatar la viabilidad” de la oferta de esa empresa.

Durante ese proceso, Ambulancias Alerta hizo grabaciones de las conversaciones mantenidas con la Consejería, que ha presentado en el juzgado dos años después. En ellas, los altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que lo mejor para ellos era abandonar el contrato para el transporte urgente de pacientes a los hospitales públicos de la capital porque no iban a poder cumplir las condiciones con la oferta económica que habían realizado (que fue de 72,5 millones de euros).

Por su parte, la Consejería defiende que el concurso “se ha desarrollado con absoluto cumplimiento de la normativa aplicable”.

FuentesEL PAÍS, 13-03-2018; EUROPA PRESS, 13-03-2018; EL MUNDO, 13-03-2018; EL BOLETÍN, 13-03-2018; PÚBLICO, 13-03-2018; MADRIDIARIO, 13-03-2018

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