El Constitucional se pronuncia sobre la situación de personal de los hospitales de Fuenlabrada, Fundación Alcorcón y UCR

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Como se recordará, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley de Acompañamiento en los Presupuestos de 2016 de la Comunidad de Madrid que recogían, con la aprobación de todos los grupos menos el PP, el acuerdo de la Asamblea de Madrid para abrir un proceso de estatutarización al personal de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de Fuenlabrada, Fundación Alcorcón y Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR). Ahora, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) avanzado por el diario EL MUNDO, da la razón al Gobierno central a parte de su recurso.

Según informa este diario, la sentencia del TC , con fecha 2 de febrero, declara “inconstitucional y nulo” una parte del artículo 27 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, relativa al personal de la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital Alcorcón y de la Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico.

Impacto sobre el personal de los hospitales de Fuenlabrada, Alcorcón y la UC de Radiodiagnóstico

Concretamente, anula el art. 27.2, que dice: “El personal de estos centros que obtuviera un nombramiento de personal estatutario, quedará automáticamente situación de ‘Servicio en otras Administraciones Públicas’, de acuerdo con el artículo 88 del RD Legislativo 5/2015, y continuará prestando sus servicios en las condiciones contractuales vigentes en sus actuales centros de trabajo. Y anula un inciso (subrayado) del art. 27.3, que dice: “Con independencia del proceso opcional citado en el punto 1, el personal laboral fijo de estos centros podrá participar en todos los procesos de selección para personal estatutario, incluidos los procesos internos de movilidad voluntaria y promoción interna, que se convoquen por el Servicio Madrileño de Salud, en las mismas condiciones que el personal estatutario. A estos únicos efectos el tiempo trabajado en estas tres instituciones será equivalente para su valoración a tiempo trabajado como personal estatutario”.

Cabe recordar que la citada Ley 9/2015, en la que se recogen mejoras para el personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), fue aprobada por la Asamblea de Madrid a pesar del voto en contra de los diputados regionales del Partido Popular (PP), pero el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del Estado , paralizó la aplicación de algunas de sus medidas desde el momento en que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Ejecutivo, en octubre de 2016.

En aquel momento, AMYTS respondió a la confusión que este recurso generó entre los profesionales del SERMAS, reclamando información a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, y trasladando estas aclaraciones a los profesionales sanitarios, especialmente, los de los nuevos hospitales, a quienes se les indicó que el proceso no afectaba a su estatutarización -ver E-Revista de AMYTS, nº 186-.

Siguen vigentes los apartados 3 y 4 de la disposición final (de personal informático y procedimientos de conversión personal eventual en estatutario interino)

El pronunciamiento del TC, sin embargo, no afecta a la totalidad recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy. Éste no sólo pedía la anulación de todo el artículo 27, sino también la de los apartados 3 y 4 de la disposición final primera de la Ley de Acompañamiento,respectivamente, sobre “integración del personal laboral y funcionario con funciones informáticas de los servicios centrales del SERMAS”, y sobre la regulación de un “procedimiento extraordinario de conversión en personal estatutario interino del SERMAS al personal eventual que lleve más de dos años encadenando contratos sucesivos y ocupando una plaza prevista en la plantilla orgánica como personal estatutario interino”. En ambos casos el Ejecutivo estatal alegaba que “se habilita al titular de la Consejería de Sanidad a regular un acceso restringido a la función pública por un procedimiento que no cumple las previsiones de la legislación básica establecida para ello” -verBoletín de AMYTS del 26 de octubre de 2016-. Pero el TC en pleno, ha acordado no asumir esta parte del recurso, y sólo tumbar los puntos anteriormente señalados.

Fuentes: EL MUNDO, 09-02-2017 (pág-. 32 de la edición impresa de “Madrid”)

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