ACTUALIDAD. Falta de inventario y la alta temporalidad del personal en el Hospital de La Princesa, advertencias de un informe de la Intervención General

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216 Hospital de La Princesa 3x3 cm

El Hospital Universitario de La Princesa tiene un sistema de control de los bienes inventariables que “no garantiza” la integridad de los mismos, y un elevado grado de temporalidad no justificado entre su personal. Son dos de las principales conclusiones que se desprenden de un informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso el diario EL MUNDO.

El informe, fechado el 3 de febrero de 2014, advierte de que este hospital no dispone de un inventario físico de los elementos patrimoniales del centro, lo que impide comprobar que “los elementos contabilizados existen físicamente y se hallan en buen estado de uso, o que los elementos que físicamente existen se hallan adecuadamente contabilizados”. Esta irregularidad incumple la Orden de 22 de febrero de 2008, de la Consejería de Hacienda, por la que se adoptan criterios y directrices para la formación, actualización y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Madrid. Además, supondría una vulneración de la normativa contable, incumpliendo la Ley 13/2001, de 21 de junio de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. (…)

En cuanto al personal, el informe señala que el centro cuenta con “un elevado número de interinidades y eventualidades que se alargan indefinidamente en el tiempo” y sin que se justifique su carácter temporal, “desvirtuando el concepto de contratación temporal”. Además, en la selección de personal interino o eventual “no queda acreditado que se hayan respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Contrataciones públicas al margen de los procedimientos legales

Por otra parte, el informe subraya que hay una elevada cuantía del gasto sometido a contratación pública que se ha saltado los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, como advierte el informe, se usa en el hospital el procedimiento sumario de contratación menor, verificando la existencia de un fraccionamiento, con el fin de “disminuir la cuantía de los mismos y aludir así los requisitos de publicidad y concurrencia”. Se vulneran así los artículos 1 y 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos. Esta incidencia se ha podido comprobar por un importe de al menos 48 millones de euros, en su mayoría por suministros.

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