ACTUALIDAD. Aunque el Constitucional da vía libre ahora a la privatización de hospitales, la presión social ya había logrado que el PP renunciara.

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124 Tribunal Constitucional 3x3 cm

El martes 5 de mayo se 2015, quince meses después de que el Gobierno regional de Ignacio González renunciara a la privatización de la gestión sanitaria en vista de la contestación pública y de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tras los recursos de AMYTS  y AFEM, el Tribunal Constitucional avalaba la adjudicación de la gestión de la asistencia sanitaria a empresas privadas.

La resolución del Constitucional rechaza los argumentos de los 57 senadores del PSOE aque habían presentado un recurso de inconstiticionalidad contra los planes del Ejecutivo madrileño para dejar en manos de empresas la gestión de seis hospitales (Infanta Leonor, de Vallecas; Hospital del Sureste, de Arganda del Rey; Hospital del Tajo, de Aranjuez; Infanta Cristina, de Parla; Hospital del Henares, de Coslada; e Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes) y 27 centros de salud. Según el TC, la posible adjudicación de los servicios a terceros se lleva a cabo “preservando en todo caso la titularidad pública”, y la Constitución, apunta, “no exige” que exista gestión pública directa”. No obstante, la presión de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos ha sido tal que la medida de momento no tendrá efecto, puesto que todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular (PP), han insistido en su intención de mantener el sistema clásico de gestión pública.

Por otra parte, la sentencia sí declara inconstitucional parte de la privatización referente a los centros de salud, concretamente, la que otorga un trato preferente a “determinadas sociedades médicas, frente a otros aspirantes, en la adjudicación de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria”. La sentencia considera que este trato preferente puede resultar “discriminatorio”.

AMYTS preferiría que el TC hubiese cerrado la puerta a la privatización

El secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra, respondía ayer a DIARIO MÉDICO que le hubiera gustado que “el TC declarase la inconstitucionalidad del modelo de gestión sanitaria porque de esta manera dejaría definitivamente cerrada esta puerta”. Y es que, aunque a fecha de hoy “todos los candidatos políticos a la Comunidad de Madrid afirman que este asunto no se va a tocar, lo cierto es que con esta decisión del Constitucional la puerta no está cerrada y existe la tentación de volver a intentarlo”.

Con respecto al punto que el TC considera que es inconstitucional, Ezquerra ha matizado que “ser de una sociedad médica no te da las garantías suficientes de que se haga una gestión mejor o más eficaz”.

Más reacciones a la sentencia del TC

La candidata por el Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reiteró a la prensa (20 MINUTOS) su compromiso de, en caso de ser elegida, no seguir adelante con los planes diseñados por Ignacio González: “Quiero mantener el modelo actual: una gestión donde todos los hospitales son públicos y, por tanto, gratuitos. Hoy, los centros continúan en el servicio del Sermas bajo una fórmula de administración por la que el personal médico depende de la Consejería de Sanidad, y los servicios no sanitarios, de empresas privadas”. Unas declaraciones que no obstante, contrastan con las reacciones de otros miembros de su grupo, como el actual consejero de Sanidad, Javier Maldonado, que ha valorado muy “positivamente” la decisión del Constitucional de avalar el modelo de gestión sanitaria, que se traduce en la adjudicación de contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada (DIARIO MÉDICO); o la presidenta del PP de Madrid y candidata a la alcaldía, Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato se construyeron los hospitales periféricos, que celebraba ayer el fallo: “El Tribunal Constitucional ha declarado perfectamente legítima la externalización de los hospitales de Madrid. Es perfectamente legítimo que cualquier servicio público que mantenga la titularidad pública no tiene por qué tener gestión pública. Ha quitado la razón a esas mareas, al PSOE y todos los demás que decían que era ilegal” -recogen EL MUNDO y 20 MINUTOS.

Por otra parte, tal y como recoge 20 MINUTOS, la sentencia ha sido acogida con “decepción” por los socialistas, que insisten en reformar la ley estatal 15/1997. Esta norma, aprobada por el PP con el apoyo del PSOE durante la primera legislatura de José María Aznar, fue la que introdujo las nuevas formas de gestión público-privadas. En declaraciones a EL MUNDO, José Manuel Freire, quiso destacar ayer que la sentencia “sólo concluye que el 62 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid no es anticonstitucional, pero no entra a valorar la privatización sanitaria en sí, ni se pronuncia sobre las consecuencias que habría tenido su aplicación”.

(*) Texto de la SENTENCIA, PINCHANDO AQUÍ.

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